El carácter extraterritorial de la nueva medida punitiva de Washington contra Venezuela, excede en su pretensión de asfixia al resto de las más de 900 con que ya sanciona a Caracas.
Así como la Ley Helms-Burton, mucho más amplia y enmadejada, amenaza y desestimula a quienes quieran comerciar o invertir en Cuba, la decisión de la administración Trump de castigar con aranceles del 25 por ciento los productos de los países que tengan convenios con el petróleo venezolano, también presiona a terceros.
Se trata de una franca y nueva violación de las reglas del comercio internacional que, no obstante, es coherente con la política que ejerce Washington contra Caracas desde hace diez años.
En 2015, el demócrata Barack Obama declaró la nación sudamericana como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de EE. UU., con lo que desató «el infierno» para la economía venezolana, como le llamaría gustoso Donald Trump, tal como se jacta de la masacre en Gaza.
Además, la nueva decisión, que entrará en vigor el 2 de abril, «compagina» con la estrategia proteccionista que la Casa Blanca está aplicando en sus relaciones comerciales con el mundo.
Ese día, Trump definirá cuáles de los países que han estado cobrando aranceles a los productos estadounidenses que importan serán sancionados con una medida similar: 25 por ciento de incremento en los impuestos que él llama «recíprocos». Eso, sin contar los autos fabricados fuera del país, que también pagarán tasas para poder ser vendidos y rodar por las calles de Estados Unidos.
Pero la medida reciente del avezado magnate inmobiliario no concuerda con lo que han sido, hasta hoy, los intereses de su país sobre el petróleo venezolano.
Poco después de su más reciente toma de posesión apuntó que EE. UU. no lo necesitaba, en evidente alusión al «oro» que —como dijo también en el discurso de asunción— hay bajo los pies de sus compatriotas, alusión a las reservas del subsuelo estadounidense que, según la Agencia de Energía, ascendían en 2018 a más de 43 000 millones de barriles y cuya extracción llegó en 2023 a 13 millones de barriles diarios.
Sin embargo, se habla menos del crudo venezolano que, pese a todo ello, ha estado importando Washington desde que, en abril del año pasado, el expresidente Joe Biden abrió una fisura con la Resolución 44A, para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), tuviera la injerencista capacidad de autorizar a las personas o empresas que quisieran operar con Petróleos de Venezuela, luego de cerrar licencias concedidas antes.
La legislación anuló la 44, que previamente, en octubre de 2023, dio su «visto bueno» por un plazo de seis meses para que firmas petroleras estadounidenses realizaran ciertas transacciones con PDVSA.
Sin embargo, el hielo de las prohibiciones había empezado a descongelarse desde noviembre de 2022, cuando la OFAC dio luz verde a la Chevron para operar en Venezuela.
Su nueva inhabilitación ha sido la primera medida agresiva de este mandato de Trump contra Caracas, después de que la visita al Palacio de Miraflores de su enviado especial, Richard Grenell, y la entrevista de este con Nicolás Maduro, significara el reconocimiento de Washington al legítimo Presidente de Venezuela, e hiciera pensar en mejores tiempos.
En virtud de ese vaivén de autorizaciones, prohibiciones y excepciones, solo en los primeros meses de 2024, EE. UU. importó una media de 222 000 barriles diarios de crudo venezolano, según datos de la Administración de Información Energética citados por medios de prensa.
Aunque fue un mínimo por ciento en relación con todo lo comprado por Washington, la cifra ubicó a Venezuela como su cuarto proveedor de crudo, detrás de Arabia Saudita, nación precedida en la lista por Canadá y México, los dos países que comparten fronteras con EE. UU. y sobre los cuales penden las mismas amenazas arancelarias y otros peligros como la militarización de las fronteras decretada por Trump en su cruzada contra la migración ilegal y el narcotráfico.
Algunas fuentes, incluso, ubicaron a Caracas en el tercer puesto en octubre de 2024, cuando proveyó a las petroleras estadounidense un promedio de 295 000 barriles diarios.
A pesar de que, en efecto, Venezuela dista de ser su mayor emisor de petróleo y en EE. UU. hay reservas suficientes, expertos en el tema han explicado la importancia de ese crudo pesado de la nación sudamericana, para mezclar con crudos ligeros y obtener un abanico más amplio de productos de los hidrocarburos.
Ello pone en tela de juicio la pertinencia de la medida adoptada por Trump, en relación con la producción petrolera nacional. Y pudiera explicar por qué a Chevron, finalmente, se le ha concedido un período de gracia hasta mayo para finiquitar sus negocios con Venezuela. El plazo, ¿se extenderá?
Daño, inevitablemente, habrá para la economía venezolana. Pero tampoco se ve claro aún la magnitud del impacto de la draconiana e injerencista medida.
En EE. UU., no solo Chevron ha mantenido transacciones con PDVSA. De modo indirecto, la refinería Valero Energy fue el principal comprador de crudo venezolano en aquel país en 2024; por delante, incluso, de Chevron, la firma autorizada, y a la que, según reportes de prensa, le compró el crudo de Venezuela.
¿Se conformará la Valero con el corte? También negociaron en EE. UU. con el petróleo venezolano las empresas Paulsboro Refining Co., Phillips, Repsol Trading, Houston Refining y Exxon Mobil Oil, apuntaron despachos de prensa.
Tampoco huelga cuestionarse el acatamiento que la orden de Trump tendrá en otras prestigiosas firmas europeas como la italiana Eni y la española Repsol, de las primeras en recibir anuencia de la OFAC para comercializar con PDVSA.
Lo otro que no queda claro es si el decreto, que habla de países castigados, también sancionará los negocios de firmas que no son exactamente estatales.
Sí puede tener una repercusión menos cuestionable la aplicación de la medida a naciones importadoras del crudo venezolano, lista donde China ocupa primer lugar, su mayor comprador, que ha rechazado de plano las nuevas presiones.
De hecho, el anunciado castigo de los denominados aranceles secundarios es entendido por muchos como una decisión ubicada, ciertamente, en el plano político, pero no solo como la respuesta, según dice Trump, a una inexistente actitud hostil de Caracas, que el mandatario justifica en la supuesta «introducción» deliberada en su país de venezolanos presuntamente miembros de la banda El Tren de Aragua, a 238 de los cuales ha deportado, sin pruebas, sin proceso y… sin compasión, a una de las más temibles cárceles de alta seguridad de El Salvador.
Quienes así piensan ubican la medida en el contexto de la guerra tecnológica, ahora también arancelaria, contra China, otra evidencia del relevante interés de la Administración republicana de «sacarla del juego» en América Latina.
Con la ética que lo caracteriza, el Gobierno de Beijing ha rechazado las medidas punitivas y, según reportó esta semana la agencia Xinhuá, pondrá en marcha los procedimientos posteriores de su caso planteado ante la Organización Mundial del Comercio contra Estados Unidos, por la imposición de aranceles adicionales a sus productos.
Ese procedimiento precede la nueva medida arancelaria; pero no puede descartarse que esta corra la misma suerte. Resulta difícil pensar que la bravuconada de Trump sea aceptada, sin más, por el Gigante asiático.
Falta por ver la actitud que adoptará Irán, otra nación objeto de las sanciones ilegales de Washington y que, pese a estar embebida en las tensiones que Israel extiende por su región, ha sido un socio incondicional en la revitalización de la industria hidrocarburífera venezolana.
España, India, Rusia, Singapur y Vietnam también compran petróleo venezolano. ¿Qué harán cada uno de esos países?
La última, y tal vez primera condición de la medida que deja un paréntesis abierto tras su anuncio, es la potestad dada al secretario de Estado, Marco Rubio, para decidir a qué países, a la hora concreta, se les aplican los aranceles, y a cuáles no. ¿Nuevas grietas?
Desde luego, el exsenador por Florida ha voceado que no tolerará que «terceros países ni sus compañías petroleras produzcan, extraigan o exporten petróleo y productos derivados junto con el “régimen” de Maduro en Venezuela».
Pero después del 2 de abril, todo se sabrá mejor.
